Desde la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) consideran una “aberración” la decisión del juez de Aranjuez de permitir las visitas a una niña de cuatro años por parte del presunto asesino de su madre en su presencia, durante el periodo en que cumple condena en espera de juicio.
Por sus años trabajando en defensa de las familias y especialmente de los y las menores, han querido mostrar su indignación ante lo que consideran una gravísima violación de los derechos humanos y del interés superior de la niña: “En lugar de tomar medidas de prevención para proteger el interés superior de la menor mientras se dicte sentencia, lo que se hace es dejarla absolutamente desprotegida y correr el riesgo de causar en ella un daño psicológico irreparable para toda su vida”, ha señalado al respecto Teresa Blat, presidenta de UNAF.
Consideran que fallan todas las instancias que deberían haber evitado semejante perversión: “No entendemos qué beneficios psicológicos para la niña puede encontrar el equipo psicosocial del juzgado en estas visitas, tal como señaló en su informe, y no entendemos cómo un juez puede, sin tener en cuenta al ministerio fiscal, tomar una decisión de tal gravedad. Definitivamente, esta decisión desacredita a la justicia y escandaliza a la ciudadanía”.
“El problema es que prevalecen los derechos del padre por encima de cualquier circunstancia, incluso de la presunción de un asesinato, lo que lanza un mensaje muy claro a la sociedad: la justicia es para todos menos para las mujeres víctimas de la violencia machista y sus hijos e hijas”.
Además, consideran que esta situación de la justicia frente a estos casos no es aislada sino que responde a un comportamiento reiterado que se debe a la falta de igualdad y a la persistencia del machismo en nuestra sociedad e instituciones. No en vano, Naciones Unidas condenó a España por negligencia por en el caso de Ángela Gonzalez Carreño y la CEDAW emitió un dictamen vinculante de la CEDAW para que se restringieran las custodias y visitas en casos de malos tratos y que jueces, fiscales, abogados de oficio y equipos psicosociales recibieran formación especializada para eliminar los estereotipos de género con el fin de proteger a las víctimas y a sus hijos e hijas.
